Ecolnomia

En Alemania, las iniciativas antidéficit que el gobierno está tomando estos últimos días son, en su mayor parte, un nuevo desafío para la integridad del estado social.

El ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, reiteró ayer su obsesión por el recorte del déficit público y mantuvo su intención, ya expresada en junio, de recortar el gasto público hasta 80.000 millones de euros hasta 2014. Para ello, anunció nuevos recortes sociales, impuestos especiales para los billetes de avión y una alza de los precios reales de la energía para las empresas.

Dentro del captulo de los recortes sociales, llama la atención la supresión de una parte importante del subsidio social en el que recalan los desempleados de larga duración. El ministro afirmó que este subsidio sólo se mantendría en los casos reales de exclusión social inevitable, pero que desaparecería para aquéllos que estuvieren en condiciones de encontrar trabajo.

De esta manera, se calcula que el ahorro total llegaría a los 20.000 millones de euros en cuatro años, añadiendo nuevas tasas para la generación de energía nuclear (un tema polémico, ya que entra de lleno en la guerra que la industria atómica libra contra las llamadas energías renovables).

En total, las medidas aprobadas ayer conllevan un ahorro de 20.000 millones de euros para los próximos cuatro años, según un portavoz del Gobierno. Esa cifra deberá añadir los 2.300 millones que generará el impuesto especial sobre el combustible nuclear a los consorcios energéticos propietarios de plantas atómicas.

Y por lo que se refiere a la inusual nueva tasa sobre los billetes de avión, la cuantía oscilaría entre los 25 y 40 euros por billete, algo que entregaría un monto total de un poco más de 1.000 millones a las arcas del estado.

Así pues, si un estado como el alemán, cuya economía sorprende por su rápido crecimiento, emprende este compendio de medidas, no hace falta ser un gurú de la economía para comprender que el alza fiscal y los recortes que se esperan en España pueden ser de los que ponen los pelos como escarpias. Aunque también cabe la posibilidad de seguir mareando la perdiz hasta el momento de las elecciones, tras las cuales, los tijeretazos vayan a ser mayúsculos.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar...

Durante todo el mes de agosto la prensa generalista nos ha venido repitiendo que el panorama de implementación de internet en España es desolador. El internet barato y rápido no es sólo patrimonio del Japón (61 Mb/s de media) o de los países nórdicos. Aquí al ladito tenemos a Francia, con una media de casi 20 Mb/s, una tarifa promedio un 20% más barata, accesible en todo el territorio metropolitano y ningún coste de línea repercutido; hasta el mismo Portugal se permite una velocidad media de 8 Mb/s. Hoy mismo se puede contratar en el país luso una oferta de 120 Mb/s por 30€ al mes. Digo yo que por mucho que la distancia a la centralita merme esa velocidad, la resultante final será mucho mayor que la velocidad promedio en España, que es apenas de 1 Mb/s con un coste alrededor de 45€ de media y, lo que es mucho peor, con un grado de cobertura muy deficiente. 

http://www.adslayuda.com/n3378-Internet-a-61-megas-de-media-en-Japon-ocho-en-Portugal-y-uno-en-Espana.html

Hoy he leído en la prensa que Timofonica, no contenta con su actual margen de negocio, plantea que debe ingresar más por el creciente tráfico de datos (http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2407527/08/10/2/Telefonica-aboga-por-ingresar-mas-por-el-trafico-que-transporta.html). Como quiera que no pueden endosárle un recibito a Google "por usar una red de su propiedad", los prebostes del monopolio de facto han decidido pasar la factura a los de siempre, a los titulares de línea.

¿A dónde nos lleva todo este compendio de despropósitos? Pues donde siempre: las multinacionales españolas no han crecido en base a su competitividad, no han luchado en mercados liberalizados ni se han ganado el pan con las artes de la oferta y la demanda. Bien al contrario, se han encargado de forzar políticamente la situación para mantener el mercado doméstico cautivo, en un monopolio de hecho, acordando medidas legales que les reserven en última instancia el control de las manijas que dan acceso al sistema tarifario. Y los políticos, en connivencia, siempre han acabado cediendo y forzando las normativas europeas para conservar las prebendas en especie, la reserva de butacas en los consejos de administración, por ejemplo, que estas multinacionales siempre han puesto a su disposición.

Así pues, se podría hablar de un caso claro de oligopolismo español, aunque éste sea un concepto que en los últimos tiempos ha desaparecido de los diccionarios de las escuelas de negocio, tal vez porque "sobran palabras" y a buen entendedor...

Ésta no es más que una de tantas noticias en las que las pretensiones de desarrollo entran en conflicto con la necesidad de preservar la biodiversidad y el medio ambiente. Podríamos encontrar casos similares cada día en la Amazonia, en los bosques tropicales del sudeste asiático, de la América Central, en las regiones septentrionales de Canadá, Alaska y Rusia, etc. 

Resulta obvio que nadie puede negar el derecho al desarrollo económico legítimo de cualquier región del planeta; de la misma manera, es igualmente evidente que calcar e intentar reproducir en el resto del mundo los patrones de crecimiento económico que, durante todo el siglo XX, llevaron a Estados Unidos, Europa y Japón a gozar de un bienestar inimaginable nos aboca al agotamiento de recursos y al desastre medioambiental.

La ecuación es termendamente simple: por un lado, los países ricos deben prescindir de los bienes y conductas superfluas y, por otro, la capacidad productiva que esto libere deberá ser empleada en surtir de bienes básicos a las poblaciones más necesitadas, convirtiéndolas en clientes y productores de lo estrictamente necesario.

Me resisto a creer que esto pueda ser calificado de "decrecimiento" a secas. Yo lo llamaría "deseducación" o "reeducación". Ya no se trata de una diatriba entre "frenar la sociedad del despilfarro", como diría René Dumont o defender el abyecto neomalthusianismo, que tácitamente va haciéndose un lugar en el pensamiento colectivo, enmascarándose bajo un burdo disfraz de darwinismo social. Se trata de "desaprender" conceptos y actitudes que además de hacernos esclavos del consumismo nos mantienen inermes ante quienes nos imponen una doctrina que finge convertirnos en clientes pero nos rebaja a meros vasallos.

A finales de 2009, el País Vasco aprobó la reforma de las famosas SICAV para elevar su tributación fiscal del 1 al 28%. En un contexto de crisis, la ciudadanía aplaudió la iniciativa y todo aquél que se haya paseado por Euskadi estos últimos meses sabe que la medida es de las que provocan el consenso generalizado, salvo alguna declaración aislada por parte de algún politico del PP.

Pues resulta que hoy hemos conocido que 65 de las 92 SICAV que tributaban en las diputaciones forales vascas han puesto el turbo con dirección a territorios que mantienen la antigua tributación, especialmente a Madrid. Además, se espera que a final de año la totalidad de ellas hayan emigrado. http://www.expansion.com/2010/08/22/mercados/1282510831.html

El discurso del gobierno vasco sigue teniendo plena validez, ya que el razonamiento era que "para tributar el 1%, mejor que se clarifiquen las cosas y todo el mundo pueda juzgar qué supone y a dónde lleva una tributación más justa".

Ocurre, sin embargo, que algunos medios ya empiezan a decir que sería una locura que el gobierno central intentara una regulación de las SICAV "a la vasca", ya que de esta manera acabarían trasladándose a las SIF de Luxemburgo.

Es increíble que teniéndolas a la vista, sabiendo quiénes son y cuántas son, estas fortunas puedan emigrar a Luxemburgo o amenazar con ello sin ningún tipo de cortapisa;  es increíble que la prensa que todos sabemos ya esté diseñando el futuro de las SICAV y defendiéndolas a capa y espada. Pero lo más increíble es que nos estemos llenando la boca de Constitución de 1978 para todas las gilipolleces que se nos ocurren (toros, normativas lingüísticas, selecciones autonómicas...) y no se nos ocurra que la igualdad de los españoles en lo económico  es materia constitucional, que no hay derecho que los españoles tributen "muy diferentemente" según el dinero que tengan y la autonomía en que lo escondan.